“Protección de cerdos en granjas” por Laia García Aliaga

Los humanos utilizamos animales de otras especies para producción (de carne, de lana, de seda, de cuero…) desde hace muchísimos años. Por ello, en determinado momento, el legislador se vio en la necesidad de regular lo que ya se consideraba una creciente actividad comercial. Con el paso de las décadas, se advirtió que no solo la producción importaba, sino también la consideración hacia los animales en cuestión, por ser seres sintientes y no mera maquinaria agrícola.

Foto: theanimalday.org

Foto: Jon Amad – theanimalday.org

Los cerdos son una de esas especies utilizadas en explotaciones ganaderas que el ordenamiento jurídico español trata de proteger (de forma insuficiente todavía, considero).

Aunque a muchas personas no nos parezca éticamente suficiente lo que el legislador establece como “protección” para los animales, sí es interesante hacer llegar con vocabulario llano al común de la sociedad lo que se establece en la legislación vigente sobre las normas mínimas para la protección de cerdos, así como comparar la actualidad con los inicios de la legislación sobre la materia, para poder dictaminar si existe una mejoría significativa para los individuos explotados en granjas.

La primera vez que a nivel europeo se nombró la protección de los cerdos fue en 1976. España esperó hasta 1988 para ratificar lo que se había acordado y aplicarlo en el país. Las medidas que se acordaban iban destinadas, cada vez más, no solo a garantizar la máxima producción por parte de los animales, sino también significaban un inicio en la consideración de sus necesidades, tanto biológicas como etológicas (algo que muchos consideramos contradictorio, ya que cuando se explota a alguien, no se están teniendo en cuenta sus necesidades más básicas, sin embargo, desde el punto de vista legal fue todo un avance).

No fue hasta 1997 cuando se emitió el primer dictamen veterinario, el cual señalaba que los cerdos deben vivir en un entorno que se ajuste a sus necesidades de ejercicio y comportamiento exploratorio, y que una importante limitación de espacio compromete su bienestar. Algo que nos parece tan obvio necesitó años para redactarse, publicarse y ser tenido en cuenta por el legislador. A raíz de estas manifestaciones, se modificó la legislación española introduciendo mejoras para los animales.

Foto: Jon Amad – theanimalday.org

En 2002 se adoptó un Real Decreto que tuvo por objeto definir las medidas concretas que deberían adoptarse, a nivel de infraestructura e instalaciones, de alimentación y cuidados de entorno social y de desarrollo de los animales. Diez años después, se aprobó otro Real Decreto que pretendía determinar de forma más específica los procedimientos de investigación y las sanciones que se aplicarían en caso de incumplimiento del Real Decreto de 2002, así como ofrecer un plan de ajuste a los dueños de las explotaciones para que se adecuarán a la ley antes de 2013.

Cada individuo de la especie porcina que se encuentre en una explotación ganadera será incluido dentro de una de las siguientes categorías: cerdo (cerdo de cualquier edad para reproducción o engorde), verraco (macho tras pubertad que utilizarán para producción), cerda joven (hembra entre la pubertad y el parto), cerda (hembra a partir del primer parto), cerda en lactación (hembra entre el período perinatal y el destete de los lechones), cerda posdestete y cerda gestante (hembra entre el destete de los lechones y el período perinatal siguiente), lechón (cerdo desde el nacimiento hasta el destete), cochinillo destetado (cerdo no lactante y hasta las diez semanas de edad) y cerdo de producción (cerdo mayor de diez semanas y hasta su sacrificio o monta).

Dichas definiciones han variado muy poco desde 1991 y ninguno de los pequeños cambios introducidos ha supuesto un beneficio directo para los animales.

En cuanto a las condiciones de cría en las explotaciones de cerdos, a grandes rasgos diré que un cerdo de menos de 10 kg vivirá en 0,16 metros cuadrados libres (sin contar lo que ocupen el comedero, el bebedero, etc.) y que uno de más de 110 kg vivirá en un 1 metro cuadrado de espacio libre. Dichas medidas no se han modificado desde 1991. La única novedad es que, en la actualidad, se excluyen las cerdas y las cerdas jóvenes después de la cubrición de estos requisitos, y se establecen en otro apartado unas condiciones concretas para ellas (más favorables, representa). Este hecho nos hace pensar que es necesario un avance al respecto, puesto que la sensibilidad social hacia los animales considerados de producción y los conocimientos veterinarios y etológicos acerca de dichas especies son infinitamente superiores a los habidos en 1991, pero ello no se plasma a nivel jurídico.

Foto: Jon Amad - theanimalday.org

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Sí se introducen en el Real Decreto de 2002 medidas con respecto al revestimiento del suelo, a la formación de grupos de animales y sus características, a la posibilidad de mantener algunos individuos aislados por su seguridad, a las medidas de los lados del recinto en el que se encuentren, a la obligación de permitir a las cerdas y a las cerdas jóvenes el acceso a materiales manipulables para su desarrollo exploratorio, a las condiciones en las que se deben albergar animales que sufran agresividad o que hayan sido atacados por otros, a la obligación de garantizar alimentación suficiente a ciertos individuos aun y en presencia de otros que compitan por la comida y a las características de dicho alimento. También se mantiene la prohibición de atar a las cerdas y a las cerdas jóvenes, que ya fue introducida en 1991 (pero sí puede atarse al resto).

Uno de los grandes avances introducidos es el que se refiere a la formación del personal. Toda persona que sea contratada para el cuidado de los animales deberá asistir a un curso de una duración mínima de veinte horas, en el que se tratarán asuntos como la fisiología porcina, el comportamiento de dicha especie, teoría general sobre sanidad animal y legislación vigente en materia de bienestar animal.

Siendo crítica, así como lo considero un gran avance, también es menester recalcar que este curso mínimo de veinte horas y cuyo contenido suele desarrollar de forma vaga las necesidades etológicas de los cerdos, no es suficiente. La etología es fundamental en la zootécnica y debería servir mucho más aún como base de las novedades jurídicas sobre la materia.

En el apartado de la importación de los animales, todo aquel que sea importado a nuestro país de un tercero deberá disponer de un certificado expedido por la autoridad competente de ese país, que certifique que se han beneficiado de un trato al menos equivalente al que se les da en el ámbito comunitario.

En lo referente a las inspecciones comunitarias, se establece la posibilidad de que expertos veterinarios de la Comisión Europea realicen controles en las explotaciones ganaderas españolas, con el fin de garantizar la aplicación correcta de la normativa existente al respecto. España es el segundo productor comunitario de carne de porcino, motivo por el cual, si bien todos los países parte reciben inspecciones de este tipo, es coherente presuponer que nuestro país las recibe posiblemente en mayor número.

Acerca de los incumplimientos, considero importante mencionar que la ley que se aplicará en dicho caso y que determinará las sanciones pertinentes, establece multas de hasta 100.000 euros por la comisión de infracciones graves con respecto a esta materia.

Otros aspectos remarcables son, por ejemplo, que el ruido continuo no puede superar los 85 dBE en la zona habitada por los cerdos, que la luz a la que se vean expuestos debe ser de una intensidad mínima de 40 lux durante al menos 8 horas al día, que los cerdos que se encuentren en locales de estabulación deberán tener acceso a zonas de reposo y a contacto visual con otros cerdos, que se les deberá facilitar a los animales su tarea de investigación y manipulación con materiales como la paja o el heno (entre otros), que los suelos deberán ser lisos y no resbaladizos para evitar que se dañen los cerdos… Todo ello fundamental para mejorar la situación de estos animales a lo largo del proceso de producción al que se ven sometidos.

Uno de los avances que considero más importante es el de la prohibición de los procedimientos no debidos a motivos terapéuticos o de diagnóstico, o a la identificación de los cerdos, que provoquen lesiones, la pérdida de una parte sensible de su cuerpo o la alteración de su estructura ósea. La lástima es que, seguidamente, se establecen excepciones como la reducción de las puntas de los dientes de los lechones (con posibilidad de hacerlo también a los verracos en determinados casos), el raboteo parcial, la castración de los cerdos macho (sin usar el mecanismo de desgarre de tejidos) y el anillado del hocico (solo si son animales que se creían al aire libre).

Se establece, eso sí, que el raboteo y la reducción de las puntas de los dientes no deberán ejecutarse por rutina, sino únicamente en casos tasados en los que se considere que beneficiará al animal o a su grupo. Lo que sí es imprescindible, según este texto, es que quien lleve a cabo dichos procedimientos sea un profesional veterinario cualificado o una persona formada y que siga los protocolos adecuados en cuanto a medios usados y a condiciones higiénicas. Es importante mencionar que el estudio de la etología porcina y la toma de medidas al respecto, podrían evitar la ejecución de dichos procedimientos.

Existen también ciertas especificaciones cuanto menos curiosas. Por ejemplo, se determina que, en caso necesario, se desparasitará interna y externamente a las cerdas gestantes y a las cerdas jóvenes, pero no al resto de animales. También se establece un espacio mayor de suelo libre de obstáculos para los verracos, pero no para otros cerdos, y se limita el uso de tranquilizantes para facilitar la mezcla de animales de distintos grupos en uno mismo, previa consulta con un veterinario.

En este caso concreto, observamos que la base que fundamenta dichas medidas no es la del bienestar animal en sí mismo, sino la del aumento de su producción, no mereciendo tanta protección los animales de otras categorías si, en su caso, producirán igual sin necesidad de adoptar aquellas (evitando así costes a quienes gestionen la explotación ganadera).

En conclusión, es irrefutable que la legislación en materia de protección animal ha ido evolucionando en las últimas décadas. Lo que sí es cuestionable es si, teniendo en cuenta la creciente sensibilidad social por el bienestar de los animales y los adelantos en materia de investigación etológica y veterinaria sobre ellos, ha evolucionado lo suficiente.

Debemos ser muy críticos/as con este planteamiento, puesto que las explotaciones ganaderas son la infraestructura que sostiene una actividad comercial en la que se manejan muchas vidas.

La evolución jurídica en pro de las otras especies animales es tan importante como la evolución social al respecto y debe ir a la par que esta,  siguiéndola de cerca y no décadas por detrás.

Laia es abogada - www.ga-advocats.com