“¿CUÁL ES EL DELITO?” por Marta Arnaus

El 3 de diciembre pasado, Alik Manukyan, ciudadano armenio de 32 años, moría en una celda de aislamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca, Barcelona. La versión oficial de la Policía fue que se suicidó. Diversos compañeros internos de Manukyan contradijeron la versión de la policía. Tras esta denuncia, éstos fueron inmediatamente deportados a sus países de origen.

La muerte de Alik Manukyan en un CIE no es la primera en España. La noche de Reyes de 2012, Idrissa Diallo, un joven de 21 años de Guinea Conakry, también perdía la vida en el CIE de Barcelona. Todavía hoy no se han podido aclarar las circunstancias de su muerte. Los internos denunciaron que Idrissa solicitó asistencia médica la tarde antes de su muerte, pero no se le concedió hasta pasada la medianoche, y cuando fue asistido, no fue atendido por un médico, sino por un policía. El 19 de diciembre de 2011, Samba Martine, una congoleña de 34 años y madre de una niña de 9, murió en el CIE de Aluche (Madrid) después de haber solicitado asistencia médica hasta 10 veces al médico del CIE y no habérsele proporcionado el tratamiento adecuado a su enfermedad crónica.

La gravedad de estos tres casos, que no son los únicos, es mayor si tenemos en cuenta que estas tres personas estaban privadas de libertad, y sin embargo, ninguna de ellas había cometido ningún delito. En España, no tener en regla el permiso de residencia y de trabajo es una falta administrativa y no constituye un delito penal, único cauce por el que el Estado sí puede privarnos de libertad.

Desde mediados de los años 90, la guerra lanzada por Europa contra las personas migrantes ha dejado, al menos, 20.000 muertos en el Mediterráneo. Las políticas de control de fronteras de la Unión Europea se enmarcan dentro de la estrategia de mantenimiento del mercado de mano de obra barata. La guerra abierta en los muros y vallas de los pasos fronterizos se complementa con este segundo bastión: el control de la migración clandestina, el cual se erige sobre tres pilares:

·         El proceso suele iniciarse con la identificación aleatoria de personas en la calle por su perfil étnico (es decir, por su “pinta de inmigrante”) para detectar si tienen sus permisos en regla. Son las conocidas “redadas racistas”, que practica habitualmente la Policía Nacional. Las identificaciones aleatorias por perfil étnico incumplen los Derechos Humanos; sin ir más lejos, el art. 9 de los DDHH indica que nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, y el art. 2 señala que nadie puede ser discriminado por su origen, raza y sexo.

·         Tras la identificación aleatoria, sigue la detención y confinamiento en un CIE pendientes de expulsión.

·         Se ejecuta la deportación de los migrantes a sus países de origen.

A fecha de hoy, en Europa existen 473 centros de internamiento de extranjeros. Diez de ellos se encuentran en España. Solo en el año 2010, fueron expulsadas de la UE 225.000 personas, de las cuales 21.955 lo fueron por el Estado español.

Un CIE es un espacio no penitenciario (no una cárcel; quien está en él no ha cometido ningún delito tipificado en el código penal) en el que se detiene durante un máximo de 60 días a personas extranjeras que están sometidas a expedientes de expulsión del país, por no tener en regla los permisos de trabajo. Si las redadas racistas (1) dijimos que incumplían los DDHH, también habría que recordar que según la propia Ley de Extranjería, la detención (2) y la deportación (3) no son obligatorias, sino que son penas accesorias a la sanción administrativa (multa) por no “tener papeles”.

Desde su creación, los CIEs no han contado con un reglamento minucioso que regule su funcionamiento interno, y el hecho de no ser considerados centros penitenciarios implica que no sea necesario cumplir ni siquiera con las mínimas normas de transparencia y de garantías para los internos a las que sí están obligadas las prisiones. Las entidades que defienden los Derechos Humanos de las personas migrantes emiten cada año numerosos informes donde se denuncia la situación de los internos en CIEs: no se les proporciona información exacta y concisa sobre su situación jurídica y administrativa, hay ausencia de intérpretes y de cámaras de vigilancia que controlen las actuaciones de la policía, abundan las denuncias de torturas, palizas, abusos sexuales y vejaciones verbales por parte de los policías, existen celdas de aislamiento, hay una masificación en las celdas (6-8 personas), no hay seguridad para la custodia de objetos personales, la comunicación con el exterior es muy complicada y se dificulta el acceso a abogados, las visitas de familiares no siempre están garantizadas, la atención médica es claramente deficiente, hay dificultades para seguir tratamientos de enfermedades crónicas, no se realiza el seguimiento adecuado a las mujeres embarazadas, no se asiste a las mujeres que expresan su voluntad de interrumpir el embarazo, y un largo etcétera.

Y es que los detenidos en un CIE no son ni ciudadanos europeos ni súbditos del Estado, ni tienen derecho a voto ni lo van a tener nunca, pues justamente están en un procedimiento para ser expulsados del país y van a desaparecer del mapa europeo en 60 días. Por tanto, al Estado le importa poco o nada lo que les suceda allí dentro. Solo la denuncia de las personas a las que se nos ha concedido el “privilegio” de formar parte de la sociedad civil y que, por tanto, sí tenemos voz y voto, es lo único que puede presionar al Estado para que se le caiga la cara de vergüenza y deje de violar sistemáticamente los Derechos Humanos de las personas migrantes. La sociedad civil debe ser el grito de las voces silenciadas. Cerremos los CIEs.

Bibliografía – links de interés: